Defensa del ambiente

03 septiembre 2005

Ley PCBs

LEY Nº 25.670
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION Y ELIMINACION DE LOS PCB's
CAPITULO I De las Disposiciones Generales
Artículo 1º - La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB's, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Artículo 2º -Son finalidades de la presente: a) Fiscalizar las operaciones asociadas a los PCB's. b) La descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCB's. c) La eliminación de PCB's usados. d) La prohibición de ingreso al país de PCB's. e) La prohibición de producción y comercialización de los PCB's.
Artículo 3º - A efectos de la presente ley, se entiende por:
PCB's a: los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm);
Aparatos que contienen PCB's a: cualquier aparato que contenga o haya contenido PCB's (por ejemplo transformadores, condensadores recipientes que contengan cantidades residuales) y que no haya sido descontaminado. Los aparatos de un tipo que pueda contener PCB's se considerarán como si contuvieran PCB's a menos que se pueda demostrar lo contrario;
Poseedor a: la persona física o jurídica, pública o privada, que esté en posesión de PCB's, PCB's usados o de aparatos que contengan PCB's;
Descontaminación: al conjunto de operaciones que permiten que los aparatos, objetos, materiales o fluidos contaminados por PCB's puedan reutilizarse, reciclarse o eliminarse en condiciones seguras, y que podrá incluir la sustitución, entendiéndose por ésta toda operación de sustitución de los PCB's por fluidos adecuados que no contengan PCB's;
Eliminación a: las operaciones de tratamiento y disposición final por medios aprobados por la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.
Artículo 4º - El Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la producción, comercialización y del ingreso al país de PCB's, la eliminación de PCB's usados y la descontaminación o eliminación de los PCB's y aparatos que contengan PCB's dentro de los plazos estipulados en la presente, a fin de prevenir, evitar y reparar daños al ambiente y mejorar la calidad de vida de la población.
Artículo 5º - Queda prohibido en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que contengan PCB's.
Artículo 6º - Queda prohibida la importación y el ingreso a todo el territorio de la Nación de PCB y equipos que contengan PCB's.
CAPITULO II Del Registro
Artículo 7º - Créase el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB's que será administrado por el organismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental y que reunirá a los registros existentes hasta la fecha.
Artículo 8º - Todo poseedor de PCB's deberá inscribirse en el registro creado en el artículo 7º.
Quedan excluidos de esta obligación aquellos que posean sólo aparatos que contengan un volumen total de PCB's menor a 1 (un) litro. El quedar exceptuado de la inscripción al registro, no lo exime del cumplimiento de la presente ley. También deberán inscribirse en el registro, los fabricantes y comercializadores de PCB's. La información requerida por la autoridad de aplicación para inscribir en el Registro tendrá carácter de declaración jurada.
Artículo 9º - Toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implica el uso de las sustancias enumeradas en el artículo 3º deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, constituir un autoseguro, un fondo de reparación u otra garantía equivalente según lo determine la reglamentación, para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar cobertura a los riesgos a la salud de la población que su actividad pudiera causar.
Artículo 10. - El plazo para la inscripción en el registro será de ciento ochenta (180) días corridos.
CAPITULO III De la Autoridad de Aplicación
Artículo 11. - A los efectos de la presente ley será Autoridad de Aplicación el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. En carácter de tal tendrá las siguientes obligaciones:
Entender en la determinación de políticas en materia de gestión de PCB's en forma coordinada con las autoridades competentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Formular e implementar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), un Plan Nacional de Gestión y Eliminación de PCB's.
Dictar las normas de seguridad relativas al uso, manipulación, almacenamiento y eliminación de PCB's y controlar el cumplimiento de las mismas.
Realizar estudios de riesgo y auditorías ambientales en caso de eventos de contaminación ambiental a cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por denuncias de particulares. En este último caso deberá evaluar la seriedad de la denuncia y en caso de desestimarla, deberá fundamentar su decisión.
Coordinar con el organismo de la Nación de mayor nivel jerárquico con competencia en el área de salud, en los casos del inciso anterior, la realización de estudios epidemiológicos para prevenir y detectar daños en la salud de la población de la posible zona afectada.
Informar a los vecinos residentes en la zona afectada o en riesgo, mediante procedimientos que aseguren fehaciente y masivamente la difusión, los resultados de los informes ambientales y de los estudios epidemiológicos, como así también las medidas aplicadas y a aplicar.
Promover el uso de sustitutos de los PCB's y realizar una amplia campaña de divulgación ante la opinión pública sobre los daños que ocasionan la incorrecta eliminación de los mismos, y las medidas aconsejables para la reparación del medio ambiente.
Promover y coordinar con organismos gubernamentales y no gubernamentales, el apoyo técnico a la creación de sustitutos de los PCB's, al control de la calidad de los mismos, al acceso a los sustitutos ya existentes por parte de pequeñas y medianas empresas que por su actividad requieren de los mismos y a toda medida técnica que tienda al cumplimiento de sustituir las sustancias enumeradas en el artículo 3°.
Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de fiscalización y control de la gestión de los PCB's.
Artículo 12. - La autoridad de aplicación nacional deberá, en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos, instrumentar las medidas necesarias para que todos los poseedores de PCB's del país puedan tener acceso a los instrumentos administrativos requeridos para la inscripción en el registro creado en el artículo 7º, la información tendrá carácter de declaración jurada.
El poseedor deberá actualizar la información en el registro al menos cada dos (2) años y deberá notificar en forma inmediata cambios que involucren modificación de cantidades de PCB's aún sin usar, PCB's en uso y PCB's usados.
Artículo 13. - Se autoriza a la autoridad de aplicación a ampliar la lista de sustancias comprendidas en el artículo 3º, inciso a) de la presente, de conformidad con los avances científicos y tecnológicos en la materia.
CAPITULO IV De las responsabilidades
Artículo 14. - Antes del año 2010 todos los aparatos que contengan PCB's, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda el poseedor no podrá reponer PCB's, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia.
Artículo 15. - Antes del año 2005 todo poseedor deberá presentar ante la autoridad de aplicación, un programa de eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan PCB's, con el objetivo de que al año 2010 no queden en todo el territorio de la Nación equipos instalados conteniendo PCB's.
Artículo 16. - Todo aparato que haya contenido: PCB's y habiendo sido descontaminado siga en operación deberá contar con un rótulo donde en forma clara se lea "APARATO DESCONTMINADO QUE HA CONTENIDO PCB's".
Artículo 17. - Es obligación del poseedor de PCB's, en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos:
Identificar claramente todos los equipos y recipientes que contengan PCB's y PCB's usados, debe leerse claramente "CONTIENE PCB's".
Instrumentar un registro interno de actividades en las que estén involucrados PCB's.
Adecuar los equipos que contengan y los lugares de almacenamiento de PCB's y PCB's usados e instrumentar las medidas necesarias para evitar poner en riesgo la salud de las personas y la contaminación del medio ambiente.
Artículo 18. - Ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas de PCB's en cualquier equipo o instalación, el Poseedor deberá instrumentar medidas correctivas y preventivas para reparar el daño ocasionado, disminuir los riesgos hacia las personas y el medio ambiente y evitar que el incidente o accidente vuelva a ocurrir.
Artículo 19. - Se presume, salvo prueba en contrario, que el PCB's, PCB's usado y todo aparato que contenga PCB's, es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, modificado por la Ley 17.711.
Artículo 20. - Se presume, salvo prueba en contrario, que todo daño causado por PCB's, y PCB's usado es equivalente al causado por un residuo peligroso.
CAPITULO V De las infracciones y sanciones
Artículo 21. - Las infracciones a la presente ley, así como a su reglamentación y normas complementarias serán reprimidas por la autoridad de aplicación local, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción y el perjuicio causado, con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas: a) Apercibimiento; b) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración pública nacional hasta 1000 (un mil) veces ese valor; c) Inhabilitación por tiempo determinado; d) Clausura; e) La aplicación de estas sanciones es independiente de la responsabilidad civil o penal imputable al infractor. Los mínimos y máximos establecidos en el inciso b) podrán duplicarse en el caso de reincidentes.
Artículo 22. - Lo ingresado en concepto de multas a que se refiere el artículo anterior, inciso b) serán percibidas por las autoridades provinciales y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, para conformar un fondo destinado, exclusivamente a la restauración y protección ambiental en cada una de las jurisdicciones, de acuerdo a lo que establezcan las normas complementarias.
CAPITULO VI De las disposiciones complementarias
Artículo 23. - Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley.
Artículo 24. - Independientemente a esta ley, los PCB's usados y residuos conteniendo PCB's siguen alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos.
Artículo 25. - Todos los plazos indicados en la presente ley se contarán a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 26. - La presente ley es de orden público y deberá ser reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos.
Artículo 27. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en buenos aires, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil dos.
-REGISTRADA BAJO EL Nº 25.670
Decreto 2328/2002
Bs. As., 18/11/2002 POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 25.670 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - DUHALDE. - Alfredo N. Atanasof. - María N. Doga

Fallo Asociación 18 de Octubre
Cámara Federal de La Plata - Sala II.FECHA: 08/07/2003PARTES: Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica '18 de Octubre' c/ Aguas Argentinas SA y otros s/ amparoPUBLICADO: PATAGÓNICA LEGAL, RJD Nro. 15 del 23/07/2003.SUMARIOS: En el caso particular de las asociaciones, la jurisprudencia nacional y, en especial, la doctrina sentada por el Alto Tribunal, ha reconocido esa legitimación con el sólo cumplimiento de los requisitos enunciados en la norma constitucional y sin la necesidad de una ley específica -que aún no ha sido dictada por el Congreso Nacional- que establezca los requisitos y formas de su organización. Esta legitimación se funda no sólo en el interés difuso que se cumpla la Constitución y las leyes, sino en su carácter de titulares de un derecho de incidencia colectiva, en este caso la protección a la salud, además del que les asiste para accionar por el cumplimiento de las finalidades por las que han sido creadasQuién crea el "riesgo"al ambiente es el que debe resarcir, sin perjuicio de que en forma concurrente y complementaria pueda aceptarse como otro factor de atribución objetivo “la solidaridad”.El ejercicio del poder de policía imponía a la Comuna el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para que el dueño o guardián del desagüe pluvial adoptara las medidas de seguridad apropiadas para evitar que la deficiente instalación o conservación de la cosa se transformara en fuente de daños a terceros, máxime si se advierte que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizadas sin riesgos. Pesa sobre el Municipio el deber de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ella sin peligro, pues el Estado no puede desentenderse de la salud y salubridad de sus habitantes. Es por ello que se halla facultada -lo cual atañe al ejercicio del poder de policía- para realizar verificaciones y ordenar que se tomen las medidas necesarias para que las instalaciones y obras a cargo de los concesionarios no deriven en perjuicio para tercerosFrente a las modernas tendencias a nivel internacional en favor de los derechos fundamentales del hombre, como son el derecho a la salud y a un ambiente sano, es imperativo transformar las concepciones judiciales para brindar tutela a los fenómenos reales de la vida colectiva, típicos de la sociedad moderna, que ponen en escena intereses impersonales y difusos, incuestionablemente dignos de la más enérgica y anticipada protección y, en ese marco, el derecho a vivir en un medio ambiente agradable, viene entendiéndose como una ampliación de la esfera de la personalidad humana: un atributo fundamental de los individuos. El Derecho Ambiental requiere de una participación activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos. El órgano judicial debe desplegar técnicas dirigidas a evitar que el daño temido que prenuncia el riesgo se torne real o, en todo caso, a neutralizar o aminorar en lo posible las consecuencias lesivas que puedan producirse con su advenimiento.De conformidad con lo establecido en el Art. 33, segundo párrafo, de la reciente ley 25.675, la resolución que se dicta debe extenderse en sus efectos a todos los involucrados en la cuestión debatida en autos, ya sea en la faz activa o pasiva de la relación jurídica. Sería vana y absurda una sentencia que amparada en el carácter individual de las acciones y tras comprobar los efectos contaminantes denunciados pretendiera limitar los alcances de su mandato, a la relación jurídico procesal bilateral nacida en cada proceso individual y mandara que los efectos cesaran tan solo ­cual si fuera posible­ para los accionantes mas no para el resto de la comunidad afectada, es obvio que dicha sentencia ha de tener efectos "erga omnes".FALLO COMPLETO//Plata, 8 de julio de 2003.//- AUTOS Y VISTOS: Este expte. N° 3156/02 caratulado "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica '18 de Octubre' c/ Aguas Argentinas SA y otros s/ amparo", proveniente del Juzgado Federal n° 2 de esta ciudad.- Y CONSIDERANDO QUE: EL DR. DUGO DIJO: 1)) La Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica "18 de Octubre" promovió acción de amparo contra Aguas Argentinas SA, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes, a fin de que restablezcan el equilibrio hídrico del Partido de Quilmes mediante el cese inmediato de los hechos, actos y omisiones que -a su entender- vulneran manifiestamente el derecho a gozar de una ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas de los habitantes (Art. 41 de la Constitución Nacional).-Señala que los habitantes del municipio de Quilmes, a raíz del ascenso del nivel de las napas freáticas, sufren graves riesgos a la salud y considerables deterioros en sus propiedades, exigiendo de constantes reparaciones en pisos y paredes y la instalación de bombas domiciliarias que sólo pueden paliar mínimamente el problema. Asimismo, los pozos ciegos de los inmuebles afectados -a falta de cloacas- se desbordan frecuentemente, con la amenaza concreta de derivar en un desastre sanitario.-Respecto de las causas que provocaron el ascenso en el nivel de las napas menciona: a) la importación constante e irracional de agua del Río de la Plata por la empresa Aguas Argentinas SA para ser destinada al consumo, sin haberse previsto el desequilibrio hídrico que podría provocar;; b) la desactivación, por parte de la concesionaria, del sistema de extracción de aguas subterráneas y de los pozos de explotación locales; c) el déficit del tratamiento de efluentes y de la red cloacal, lo cual provoca que el agua consumida se filtre directamente a las napas no volviendo a su lugar de origen, vale decir, el propio Río de la Plata- y; d) la negligencia de la concesionaria y el organismo de control por las pérdidas técnicas de las redes de distribución de agua potable.-Simultáneamente, solicitó que se ordene una medida cautelar a fin de que se restablezca la extracción de agua subterránea a través de: a) la inmediata puesta en funcionamiento de los pozos de explotación que fueran cedidos a Aguas Argentinas con la concesión del servicio público de aguas y todos aquellos existentes que tenga en administración el citado demandado, el Municipio o la Provincia de Buenos Aires y, b) la colocación y/o puesta en funcionamiento de las bombas depresoras que sean necesarias para equilibrar el sistema hidráulico del Partido de Quilmes.- 2) La causa llega a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, la empresa Aguas Argentinas SA y el ETOSS, contra la resolución de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a las codemandadas que adopten de manera inmediata las medidas que tengan por objeto restablecer el equilibrio hídrico de la zona que comprende el Partido de Quilmes en los términos solicitados por la accionante (conf. fs. 236/240, 246/252 vta., 289/292 y 219/221, respectivamente). La Municipalidad de Quilmes también apeló dicha resolución, pero el recurso no () fue concedido por haber sido interpuesto extemporáneamente (fs. 263/264 vta. y 280)Para así decidir, el a quo considero acreditados los extremos exigidos por el Art. 230 del CPCCN y sostuvo que la grave situación descripta por el accionante obliga tanto al concesionario del servicio público (Aguas Argentinas) y al ETOSS (entidad controladora del servicio) como también a la Provincia de Buenos Aires (titular del recurso hídrico provincial y responsable directo, en virtud de las obligaciones atribuidas al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de dicha jurisdicción) y a la Municipalidad de Quilmes en tanto concedente del servicio público de aguas; máxime cuando dicha situación ya fuera contemplada en el acuerdo celebrado el 9 de enero de 2001 y en el que intervinieron los codemandados, al igual que fueron previstos los gastos que demandan las obras de saneamiento requeridas. Finalmente, señala que el mantenimiento de las actuales condiciones durante la tramitación del proceso, ocasionará graves perjuicios a los habitantes de la comunidad afectada y al medio ambiente en el que desarrollan sus actividades cotidianas.-De todas formas, la resolución del a quo no se ha cumplido, al concederse los recursos con efecto suspensivo.- 3) Los agravios en común de los apelantes se refieren a la imposible ejecución de la orden judicial en virtud de la falta de estudios y análisis técnicos que determinen la ubicación, distribución y características de los pozos de explotación que deben ser activados y las bombas depresoras a ser instaladas, como así también el lugar en el cual se efectuará el vertido de los líquidos extraídos, lo cual, además, provocaría un alto grado de contaminación en la zona y una amenaza concreta a la salud de la población por la deteriorada calidad del agua de las napas. En ese sentido, señalan la inconveniencia de la puesta en funcionamiento indiscriminada de los pozos de la concesión en Quilmes pues el agua que contienen posee un alto grado de contaminación con valores que superan los permitidos por el Código Alimentario Nacional, por lo que el cierre de dichos pozos resultaba una condición expresa en el Contrato de Concesión y una previsión en el Plan de Mejoras y Expansión del Servicio. De tal forma, explican las recurrentes, sobre los 97 pozos que recibió la empresa concesionaria sólo 3 quedan funcionando actualmente, mientras que de los restantes algunos fueron desafectados temporalmente (63) y otros han sido sellados definitivamente (31). Por último, sostienen que la ejecución de la medida cautelar ordenada provocaría un costo operativo que se trasladaría indefectiblemente en la facturación a los consumidores.- 4) En particular, el Fiscal de Estado bonaerense se agravia también por cuanto entiende que la resolución apelada vulnera el principio republicano de división de poderes en virtud de arrogarse el juez funciones gubernamentales propias de otros poderes del Estado.- 5) Por su parte, Aguas Argentinas SA sostiene que carece de competencia jurídica sobre el tratamiento de las napas, pues más allá de tratarse de bienes del dominio público que pertenecen al Estado provincial (conf. Art. 2340 del Código Civil), se encuentran fuera del objeto de la concesión que es sólo la "...gestión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales..." (conf. Art. 1.1.1. del decreto 787/93), por lo que la solución del caso corresponde a los entes estatales o municipales que transfirieron dichos pozos. Finalmente, niega que la elevación del nivel de las napas freáticas se deba al cese en el uso de los pozos, sino que se produce por cuestiones de las que no es responsable como son las lluvias, la falta de entubamiento de los arroyos y de otras obras de infraestructura como subterráneos, autopistas, entre otros.- 6) Por último, el ETOSS objeta el tipo de proceso articulado, pues sostiene que el amparo no resulta admisible, en el caso, por el estrecho marco cognoscitivo que lo caracteriza y que impide resolver la cuestión planteada en autos que requiere de mayor debate y prueba.-Subsidiariamente, sostiene que la medida cautelar dispuesta no es suficiente para descender el nivel de las napas, ya que la única alternativa posible -a su entender- es que "todo el caudal (de agua) extraído (desde las napas) es canalizado a través de los conductos pluviales con destino final a cursos de agua cuyo acceso y capacidad se desconocen". Para terminar, además de objetar la legitimación activa de la Asociación actora, sostiene que la medida cautelar dispuesta excede el marco de competencia del organismo de control, pues el equilibrio hídrico de las cuencas pertenece a la provincia de Buenos Aires.- 7) Previo al tratamiento de los agravios, corresponde declarar la competencia del a quo y, por ende, de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, sin descuidar que, en principio, la cuestión de autos resulta de aquellas que corresponderían a la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por haber sido demandada en el sub lite tanto el ETOSS como la Provincia de Buenos Aires. Ello es así, pues en la causa "Flores" (Fallos: 315:2137) el Alto Tribunal permitió a los tribunales inferiores de la Nación juzgar a un estado provincial siempre que dicho estado lo consienta, ya sea no reclamando la competencia originaria al comparecer al juicio -requisito esencialmente tenido en cuenta en dicho precedente y que, por lo demás, se verifica en autos- o, adoptando ese temperamento cuando es quien deduce la demanda directamente ante un juzgado federal de primera instancia. Asimismo, cabe poner de resalto que, por razones de economía procesal, este Tribunal aceptó dicho criterio sin perjuicio de dejar a salvo su opinión en contrario in re "Iacono, Benjamín Juan c/ Estado Nacional - Fuerzas Armadas y otros s/ daños y perjuicios", expte. n° 666, resolución del 23/11/98, desarrollando los fundamentos de esa discrepancia en la causa "Losada de González c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", expte. 343/97, resuelto el 27/05/99 (considerandos 18 a 26).- 8) La legitimación procesal de la actora es, a esta altura de la evolución del derecho ambiental de la República Argentina, incuestionable.-En efecto, en materia de legitimación activa la jurisprudencia argentina ya sostenía antes de la reforma constitucional de 1994 que "en el campo de los 'intereses difusos' es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto" (CNCivil, Sala K, "Cartañá, Antonio y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", fallo del 28/2/91). "Será menester dejar de lado -destacó un señero fallo de este Tribunal votado por el distinguido colega de Sala, doctor Schiffrin- el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una 'tendencia nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva', donde se busque no tanto la reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos. Uno de los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las personas afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses legítimos o humanos que envuelven a una colmena de perjudicados" (CFed. La Plata, Sala III, "Giménez Domingo y otra c/ Estado Nacional, Ejército Argentino", fallo del 8/8/88).-Desde el año 1994 con la incorporación en la Constitución Nacional de los derechos humanos de tercera generación o de incidencia colectiva se establece, lisa y llanamente, que "en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente" podrán interponer acción de amparo "el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización" (Art. 43 C.N.).-Por otro lado, la reciente ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, concordantemente con el texto constitucional, otorga legitimación a este tipo de asociaciones no gubernamentales para obtener la recomposición del ambiente (Art. 30).-En el caso particular de las asociaciones, la jurisprudencia nacional y, en especial, la doctrina sentada por el Alto Tribunal, ha reconocido esa legitimación con el sólo cumplimiento de los requisitos enunciados en la norma constitucional y sin la necesidad de una ley específica -que aún no ha sido dictada por el Congreso Nacional- que establezca los requisitos y formas de su organización (conf. doctrina de Fallos: 320:690 y 323:1339). Esta legitimación se funda no sólo en el interés difuso que se cumpla la Constitución y las leyes, sino en su carácter de titulares de un derecho de incidencia colectiva, en este caso la protección a la salud, además del que les asiste para accionar por el cumplimiento de las finalidades por las que han sido creadas (Fallos: 320:690; 323:1339 y "Mignone, Emilio", fallo del 9/4/02, publicado en "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", suplemento JA 2002-III, del fascículo n° 1, del 3 de julio 2002).-En el sub examine, por lo demás, la Asociación actora ha sido reconocida legalmente como persona jurídica mediante la Resolución 6621 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, e inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público de la Municipalidad de Quilmes. Por su parte, conforme surge de su Estatuto constitutivo, entre los objetivos perseguidos se encuentra el "propender a mejorar la calidad de vida y hábitat evitando la contaminación ambiental" (confr. fs. 2/17).-Por último, respecto de la procedencia del amparo en estos supuestos, la respuesta afirmativa está directamente prevista por la Constitución Nacional (Art. 43), y por la ley reglamentaria de los presupuestos mínimos 25.675 (Art. 30).- 9) Sentado lo expuesto, corresponde examinar la procedencia de la medida cautelar dispuesta por el a quo, para lo cual deberá apreciarse si se encuentran reunidos los recaudos de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora (conf. Art. 230 del CPCCN).-Asimismo, para una mejor comprensión de la cuestión debatida en autos, resulta conveniente formular una reseña de la plataforma fáctica en la que se desarrolla la contienda.- 10) El Partido de Quilmes, al igual que los restantes distritos que integran el Conurbano Bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, se apoyan sobre el Acuífero Puelches que constituye la segunda formación pluvial subterránea ubicada entre la Sección Epipuelches (superior) e Hipopuelches (inferior).-Según informa la Revista de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, editada en abril de 1997 -ver fs. 105/116-, "...por su extensión aeral, su fácil acceso mediante perforaciones, caudales y calidad química de sus aguas se ha convertido en el recurso hídrico subterránea más explotado en el país, principalmente para consumo humano. El Puelches posee caracteres que permiten diferenciarlo de los supra e infrayacentes, constituyendo un verdadero acuífero semiconfinado, considerando que su recarga y descarga es fundamentalmente en forma vertical desde o hacia la sección Epipuelches. La recarga de agua es de tipo autóctona indirecta y se produce cuando el nivel piezométrico del Acuífero Puelches es más bajo que el nivel freático... Cuando la posición de estos niveles es opuesta, se produciría la descarga del mismo, lo que ocurre hacia las zonas más bajas. El carácter indirecto está dado por las unidades acuíferas superpuestas, siendo la napa freática el elemento receptor en primera instancia del aporte meteórico, transferido luego en profundidad hacia la sección media".-Asimismo, "...la capa freática, que en algunas zonas se encuentra agotada, o también aflorando a veces como respuesta a períodos muy lluviosos, o por cese en la explotación de acuíferos inferiores a la misma, proporciona bajos caudales de explotación. Son aguas en general de mala calidad por su contaminación química y bacteriológica con pozos sépticos domiciliarios. Su techo acompaña la morfología de la superficie. A veces emerge en forma de lagunas y otras aperece a los 4 o 10 metros de profundidad", alcanzando registros de 40,5 metros de profundidad durante el año 1987 en la zona quilmeña.-Sin embargo, los muestreos realizados en la actualidad sobre distintas zonas aisladas del Partido de Quilmes demuestran que el nivel de la superficie piezométrica -distancia entre el nivel del terreno y el nivel del agua- resulta inferior al metro, lo cual excede ampliamente a los niveles verificados históricamente en la región (ver fs. 18/19, 111, 116 y 124/130).-En efecto, el reemplazo del abastecimiento mediante agua subterránea por la importación de agua superficial del Río de la Plata a tales fines, ha originado el rápido ascenso de los niveles del Acuífero Puelches, produciéndose igual fenómeno con las napas freáticas; sin perjuicio de tener en cuenta la influencia de otras causas exógenas que contribuyeron al crecimiento de la recarga natural (el aumento de las precipitaciones pluviales en la zona y la tendencia de las grandes industrias consumidoras del recurso a utilizar agua subterránea proveniente del acuífero Hipopuelches en reemplazo de la proveniente del acuífero Puelches.-Por otra parte, se añadió la imposibilidad de utilizar los pozos de explotación por el alto contenido de nitratos que poseen y la afectación del medio ambiente, reflejado en la saturación de pozos sépticos domiciliarios, en las áreas sin servicio cloacal. Cabe detenerse en este punto, respecto del cual se han denunciado serios incumplimientos de la empresa Aguas Argentinas en la construcción de cloacas contemporáneamente con la ampliación de la red de distribución de agua, que hubiera permitido devolver al Río de la Plata y no a las napas, el agua importada desde, precisamente, el Río de la Plata. Todo lo cual con consiguientes riesgos para la salud de la población, fenómenos de anegamiento de sótanos, cocheras, túneles, depósitos y un mayor aumento en la vulnerabilidad del acuífero.- 11) Así las cosas, toda esta situación descripta fue objeto de reiterados y cuantiosos reclamos ante autoridades locales y nacionales por parte de distintas organizaciones vecinales, entidades de bien público no gubernamentales e, incluso, del Defensor del Pueblo de la Municipalidad de Quilmes, lo cual fue reflejado a través de los medios periodísticos de la región.- 12) Dichas presentaciones dirigidas tanto al ETOSS como a la Municipalidad de Quilmes pretendían informar de la problemática registrada con las napas freáticas y, asimismo, la necesidad de la instalación de bombas depresoras a fin de paliar la grave situación descripta (ver fs. 79/89). En tal sentido, mediante nota del 19 de julio de 2001 presentada ante las mencionadas autoridades, la Sociedad de Fomento Villa Luján (Pers. Jurid. 22292 - Mat. Nro. 1914) reclamó "una rápida solución ante el problema que acucia a todo el barrio, así como al resto de la localidad de Quilmes, e incluso a otras localidades del Gran Buenos Aires". En tal sentido explica que "dicho problema es el alto nivel que presentan las napas freáticas y que traen como consecuencia la inundación de las casas más bajas de la zona, así como también sótanos, depósitos y demás dependencias que se ubican por debajo del nivel de la calle. Se puede encontrar agua a sólo 50 centímetros por debajo de la superficie y, en el caso de la zona de nuestro barrio, que se encuentra agravado por la cercanía a la zona ribereña, punto de confluencia de los ríos subterráneos denominados Pampeano y Puelches y el Río de la Plata. Cabe recordar, asimismo, que el agua que arrastra el río Pampeano, por ser el más superficial, posee un alto grado de contaminación, producto del filtrado de sustancias nocivas para la salud que se vierten sobre el suelo a lo largo de toda la región afectada, estableciendo en los lugares inundados, potenciales focos infecciosos" (ver fs. 83 y 86).-Con el objetivo de superar la grave crisis, dichas organizaciones de bien público solicitaron la instalación urgente de bombas extractoras en distintos puntos de la zona afectada, en la cantidad y potencia necesarias, para contener el ascenso de las napas freáticas. Requirieron, además, que tanto el ETOSS como el intendente municipal de Quilmes, arbitren los medios necesarios para poner en marcha los viejos pozos de explotación que ayudarían -a su entender- a deprimir las napas.-Parece claro que la Asociación actora, más allá de la legitimación procesal que reviste en autos en virtud de lo indicado en el punto 8) que antecede, no hizo más que continuar anteriores reclamos vecinales y concretarlos en sede judicial a fin de obtener una respuesta favorable y eficaz al problema del ascenso de las napas freáticas que los afecta de manera grave y urgente.- 13) Las publicaciones agregadas a fs. 90/104 demuestran el tratamiento exhaustivo que los medios periodísticos han proporcionado a los recurrentes pedidos efectuados por las distintas entidades que nuclean a los vecinos de las zonas afectadas, entre las que se encuentran: Sociedad de Fomento "14 de Agosto", Centro Comunitario "El Hornero", Acción Interurbana de vecinos y Asociaciones autoconvocadas (A.I.V.A.), Vecinos en Emergencia Hídrica y Sanitaria de Almirante Brown, ASUMIR R. Calzada, Federación de Entidades de Fomento del Partido de Quilmes, Cabildo Abierto de Hurlingham, Federación de Sociedades de Fomento de Morón, Asamblea por los Derechos Humanos de Morón, Sociedad de Fomento Intendente Agüero de Morón, Sociedad de Fomento Barrio Asunción de Hurlingham, Sociedad de Fomento "Barrio Sere" de Castelar, entre muchas otras.-En particular, las noticias ponen de manifiesto la actividad exhortante desarrollada por el Defensor del Pueblo de la Municipalidad de Quilmes ante dicha Comuna para que "se adopten las medidas de gobierno necesarias a efectos de contrarrestar y/o minimizar los inconvenientes que producen el ascenso de las napas freáticas en distintos barrios del distrito, ejerciendo en plenitud el poder de policía sanitario" a fin de satisfacer los repetidos reclamos vecinales efectuados durante hace ya dos años (ver fs. 95 y 97). De igual manera, dan cuenta de la denuncia presentada por las organizaciones antes mencionadas ante el Defensor del Pueblo de la Nación, en la cual se plantea concretamente el crecimiento de los niveles freáticos, la suspensión de la importación de agua superficial del Río de la Plata, la rehabilitación de los pozos de extracción subterráneos desde el acuífero Puelches, la ampliación de las redes de agua potable y cloacas y la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales situada en Berazategui (ver fs. 90).-Por último, conforme surge de las informaciones que agregadas a fs. 92 y 94, el Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Quilmes comunicó la instalación de 24 bombas depresoras en distintos puntos conflictivos del distrito por parte del Municipio y de Aguas Argentinas SA, quedando a la espera de la instalación de 13 bombas más, lo cual -a su entender- tampoco resultaría suficiente para paliar la grave crisis hidráulica que afecta a la zona.-14) Las fotografías de fs. 21/45, obtenidas en oportunidad de efectuarse las mediciones del nivel freático que detalla el acta notarial de fs. 118/119 vta., evidencian los daños edilicios que provoca la situación hídrica apuntada con respecto a las propiedades de los habitantes de distintas áreas del Partido de Quilmes, generando además una amenaza concreta e inminente sobre la salud de los residentes del lugar a raíz de las repetidas extracciones de agua de las napas mediante bombas depresoras caseras y su consecuente vertido y posterior estancamiento durante un lapso prolongado de tiempo en el medio ambiente con el que conviven cotidianamente (ver fs. 46/71); más aún teniendo en cuenta el alto grado de contaminación que poseen esas (conf. consid. 10).-La mencionada acta notarial se labró con fecha 30 de noviembre de 2001 a fin de constatar, en las casas de la zona ubicada entre las calles 892 y 894, entre 810 y 813, de la localidad de Francisco Solano del Partido de Quilmes, la medición del nivel de las superficies freáticas realizadas por los señores Espinosa Viale y Reynaldi, licenciados en geoquímica y en geología, respectivamente, como asimismo para verificar el estado de conservación de esas propiedades.-En tal sentido, describe que en las viviendas examinadas se registró, a través de la utilización de una sonda electrónica, que la profundidad del agua respecto al nivel natural del terreno no superaba los 30 cm., aproximadamente, en ningún caso. Asimismo, advirtieron la presencia de pequeños pozos junto a cada vivienda y bombas de depresión sumergible. Según manifestaron los profesionales intervinientes "...esa máquina extrae el agua excedente del nivel y que funciona en forma automática, deteniéndose cuando la capa de agua subterránea alcanza el nivel requerido...". De la misma manera, se constató la presencia de excesiva humedad en las paredes interiores de las fincas inspeccionadas, habitaciones y sótanos inundados, escalones deteriorados, cables eléctricos en cortocircuito, caños de gas oxidados y demás daños edilicios que dan cuanta las fotografías de fs. 22/23, 26/32 y 37/45 y la documental de fs. 57.- 15) En conclusión, valoradas las constancias de la causa, conforme las reglas de la sana crítica (Art. 386 del CPCCN), resulta probado, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, los daños en el medio ambiente y en los bienes propiedad de los habitantes del Partido de Quilmes que ha causado el ascenso en el nivel de las napas freáticas, con un grado de peligro tal que reclama una urgente solución (conf. Art. 230 del CPCCN).-Corresponde examinar, entonces, las normas aplicables al caso para determinar el grado de responsabilidad de los sujetos demandados en el sub lite con relación a las causas que, por su eventual acción u omisión, podrían haber provocado esta situación de desequilibrio hídrico. Todo lo cual, desde luego, con el alcance propio de una medida cautelar.- 16) El derecho ambiental en nuestro ordenamiento jurídico nacional se encuentra regulado, principalmente, por la Constitución Nacional que a partir de su reforma en el año 1994 incluyó a través del Art. 41 el derecho de todos los habitantes de la Nación a "gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Asimismo, dispone que "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer".-La nueva norma incorpora el concepto consagrado en textos constitucionales del derecho comparado y distintas convenciones internacionales de "desarrollo sostenible", entendiéndose por tal un modelo de crecimiento "que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades", cuya definición en estos términos fue hecha en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -conocido como Informe Brundtland-, Alianza Editorial, Madrid 1987, p. 460. Este Informe llevó a las Naciones Unidas a convocar a una Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (la llamada "Cumbre de la Tierra"), que se celebró en Río de Janeiro en el mes de junio de 1992 con la participación de 173 Estados.-En cuanto a la pretensión correctiva el citado Art. 41 de nuestra Carta Magna prevé como contenido principal de la acción a la reparación en especie, es decir, la reposición de las cosas a su estado anterior al daño, la recuperación del medio ambiente nocivamente alterado. Sólo si tal reparación en especie no es materialmente posible en un espacio de tiempo razonable medido en función de las espectativas de uso y goce del demandante, el Juez accederá a fijar un monto indemnizatorio supletorio del daño efectivamente causado.-En ese sentido, adquiere relevancia el principio "contaminador - pagador", adoptado ya por la Conferencia de la O.N.U. sobre Ambiente Humano de 1972, Estocolmo, Suecia. Esto es, hacer soportar a los responsables de la contaminación o degradación, las erogaciones necesarias para prevenir o corregir el deterioro ambiental, tratándose de "costos sociales" que antes no se incluían en los cálculos de costos- beneficios. O sea, dicho de otra manera más adecuada a nuestras instituciones: quién crea el "riesgo"al ambiente es el que debe resarcir, sin perjuicio de que en forma concurrente y complementaria pueda aceptarse como otro factor de atribución objetivo la "solidaridad" (Trigo Represas, Félix, "Responsabilidad civil por daño ambiental", publicado en J.A. 1999-IV,1180).-Sentado lo expuesto, la acción contaminante resulta ilícita por contrariar expresamente normas de la Constitución, Tratados Internacionales y leyes nacionales y genera prioritariamente la obligación de recomponer el medio ambiente (conf. esta Sala en autos "Municipalidad de Magdalena c/ 1) Shell CAPSA, 2) Schiffahrts, 3) Boston Compañía Argentina de Seguros SA (cit. en gta.) s/ ordinario", (expte. n° 1529), fallo del 20-7-01).- 17) Bajo tales lineamientos y, de conformidad con lo ordenado en el 3° párrafo de la norma constitucional mencionada, ha sido dictada recientemente la ley 25.675 destinada a regular los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (Art. 1). En ese sentido, define al daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (Art. 27).-Dicha ley de Política Ambiental Nacional, al fijar los presupuestos mínimos establecidos en el Art. 41 de la Constitución Nacional, ha introducido decisivas novedades en el campo del derecho procesal, pero excepcionalmente para ser aplicadas en todo el territorio nacional. Sin duda, se trata de normas procesales que también se han considerado presupuestos mínimos. Sucede que el legislador nacional puede detraer excepcionalmente materias propias del derecho común o local y establecer sobre ellas la jurisdicción federal, con el propósito de asegurar la eficacia de la legislación federal (Fallos 292:534; 283:31 y sus citas; 296:343: 307:1457, entre muchos otros).-Sus artículos 30 a 33 establecen un amplio campo para la legitimación sustancial activa, recogiendo la profícua labor jurisprudencial en la materia y las bases ya establecidas en el propio Art. 43 de la Constitución Nacional. Así habilita indistintamente a los afectados; al particular damnificado; el Estado nacional, provincial y municipal; a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental; y al Defensor del Pueblo.-Prevé específicamente la acción de amparo como vía sumarísima para la cesación de actividades de daño ambiental colectivo.-Establece, asimismo, la responsabilidad colectiva solidaria, ya que "cuando hubiere varios causantes o si no fuere posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad". Respecto de la exención de responsabilidad, sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quién no deba responder.-Se fortalece a los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental incorporados al proceso, al otorgarse la fuerza probatoria de los informes periciales.-Cambia el concepto tradicional de cosa juzgada. Esta tiene un efecto que excede a las partes, es erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada por cuestiones probatorias.-Se garantiza el acceso jurisdiccional sin cortapisa alguna, "el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie".-Se pretende, decisivamente, modificar el perfil del juez de la legislación procesal civil. Aparece un juez casi inquisitivo, con mayores poderes y deberes; así con facultad para "disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general". Se regla que, de oficio, sin petición alguna de parte, en cualquier estado del proceso, disponga con carácter de medida preparatoria, medidas de urgencia, sin audiencia de la parte contraria.-Por fin, el sacrosanto principio de congruencia tiene un giro fundamental cuando se autoriza al juez, "en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, a extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes"; aunque ello, sin embargo, fue observado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través del decreto de promulgación 2413/02 (Art. 4°).- 18) En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el Art. 28 de la Constitución Provincial, en sintonía con la normativa nacional, dispone el derecho de los habitantes de la provincia a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Dicha norma dispone que la Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio y que deberá, entre otras cosas, preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables, planificar su aprovechamiento racional, controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema, asegurar políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo y promover acciones que eviten su contaminación.-Así es que, en el marco de lo dispuesto en dicha norma, la ley 11.723 estableció que el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios deben garantizar, en la ejecución de las políticas de gobierno, la observancia de los derechos reconocidos en dicha ley, entre los que se encuentran el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona y el de solicitar a las autoridades respectivas la adopción de medidas tendientes al logro del objeto de dicha ley y a denunciar su incumplimiento (conf. Art. 5° de la citada ley).-Asimismo, el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por la ley provincial 12.257 (BO 09/02/99), estableció el régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la provincia, frente a lo cual dispuso la creación de un ente autárquico cuyas atribuciones, entre muchas otras relacionadas con el poder de policía en la materia, son la de supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua (conf. arts. 1, 3 y 4, inc. c, de la citada ley).- 19) Respecto a la Municipalidad de Quilmes, sin perjuicio de lo dispuesto en el mencionado Art. 5° de la ley 11.723, es claro que el municipio codemandado tiene el deber esencial de prevención y eliminación de la contaminación ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales (conf. Art.. 27, inc. 17, de la Ley Orgánica de la Municipalidades, decreto-ley 6769/58).- 20) Ahora bien, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes son personas jurídicas de carácter público (Art. 33 del Código Civil) que, como tales, conforman el Estado, entendido éste como una "comunidad políticamente organizada en un ámbito territorial determinado...una entidad soberana y abstracta a quien se confía la titularidad del Poder", institucionalizándolo (Carlos S. Fayt, "Derecho Político", Tomo I. Ed. Depalma, p. 157). Con ese sentido, se debe valorar la responsabilidad de las codemandadas con relación al ejercicio del poder de policía sanitario que deben ejercer.-Parece razonable señalar, en primer lugar, que cuando existe el deber genérico de preservar el medio ambiente la abstención de ejecutar actos que, sin perjuicio del agente, hubieran prevenido o mitigado el daño, tal conducta omisiva genera el deber de repararlo.-Los daños cuya reparación se pretenden en autos derivan de las prestaciones que actualmente están a cargo de Aguas Argentinas y de la actitud omisiva de las autoridades públicas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal en el ejercicio, precisamente, del poder de policía, cuyas consecuencias afectan directamente a la salubridad y a la calidad de vida de la población.-En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha atribuido responsabilidad al Estado -además de las concesionarias- en razón de la omisión del cumplimiento de obligaciones de seguridad. Sostuvo en Fallos: 315:2834 y 317:834 que "el ejercicio del poder de policía imponía a la Comuna el deber de actuar directamente o de ejercer su autoridad para que el dueño o guardián del desagüe pluvial -en el caso lo era la empresa Obras Sanitarias de la Nación- adoptara las medidas de seguridad apropiadas para evitar que la deficiente instalación o conservación de la cosa se transformara en fuente de daños a terceros, máxime si se advierte que el uso y goce de los bienes del dominio público por los particulares importa la correlativa obligación de la autoridad respectiva de colocarlos en condiciones de ser utilizadas sin riesgos" (énfasis agregado).-En tal sentido, pesa sobre el Municipio el deber de controlar que la vía pública permanezca en condiciones tales que las personas puedan transitar por ella sin peligro, pues el Estado no puede desentenderse de la salud y salubridad de sus habitantes. Es por ello que se halla facultada -lo cual atañe al ejercicio del poder de policía- para realizar verificaciones y ordenar que se tomen las medidas necesarias para que las instalaciones y obras a cargo de los concesionarios no deriven en perjuicio para terceros (CNac. Apel. Civ., Sala F, "Ilutovich, Ricardo Hugo c/ Aguas Argentinas y otro, s./ daños y perjuicios" (Expte. 107.326/95), fallo del 15/04/03 [Fallo en extenso elDial - AA16FE]).- 21) La situación hídrica del Partido de Quilmes como así también las causas que la generaron fueron admitidas por las autoridades del ETOSS el 29 de agosto de 2000 ante la Comisión de Defensa de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Diputados de la Nación en oportunidad de presentar un informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la concesión del servicio público de agua potable y cloacas. Así es, según lo explicado por los representantes de dicho organismo de control, señores Bottarini, Riobóo, Saltiel y Pedersoli, que entre las causas del crecimiento de la Cuenca del Puelche y el consecuente ascenso del nivel freático se encuentra el cegamiento y cierre de los pozos de explotación de agua subterránea, ya que por su alto contenido de nitratos debió ser reemplazada por agua superficial, o sea, proveniente del Río de la Plata, la cual a falta de una red cloacal suficiente que recolecte semejante caudal de agua se derrama directamente sobre las napas freáticas.- 22) En efecto, "...sobre el tema de las napas y la afluencia de agua en las zonas baja -según explicó el ingeniero Bottarini, Director del ETOSS en representación del Poder Ejecutivo Nacional- hay una parte que tiene que ver con Aguas Argentinas... y otra parte que no. Lo que tiene que ver con Aguas Argentinas es el tema relacionado con el contrato de concesión, que es el suministro de agua potable y el tema del saneamiento, o sea la construcción y puesta en funcionamiento del servicio de cloacas... Después de cinco años de concesión -continuó relatando el doctor Pedersoli -Director del ETOSS en representación de la provincia de Buenos Aires- nos encontramos que una de las causas del crecimiento del Puelche es el cegamiento y cierre de pozos que contienen agua contaminada por nitratos, reemplazada por agua de superficie no contaminada, proveniente del Río de la Plata". Al respecto, agregó que "...efectivamente, yo decía hoy que uno de los factores que inciden en el crecimiento de la napa es la importación de agua. Se calcula, y el geólogo Riobóo me lo ha ratificado, que aproximadamente en todo el conurbano, importando el agua que se importa -porque se importa el agua y va directamente al pozo ciego, porque no hay cloaca, o a la calle, son mil milímetros anuales. Esto, aparte de las lluvias"; lo que equivale a "dos veces el régimen de lluvias de la provincia" según señaló el Diputado Romá.- 23) En cuanto al tema relacionado con el grado de contaminación que sufren en la actualidad las napas freáticas, el doctor Pedersoli manifiestó que "...se debe a dos o tres factores. El primero es que no se han cerrado los pozos sépticos. Estos siguen existiendo en tanto no se hayan hecho la expansión de las cloacas pactadas en las metas correspondientes. Aquí se indicaba que la expansión de cloacas debía hacerse en forma paralela al incremento de la red de agua... Esto implicaba que si había agua superficial para el uso de los habitantes para consumo, cuando se tiraban cien litros de líquido, este se iba directamente a la cloaca" (énfasis agregado). En ese sentido, el ingeniero Saltiel informó que "el 85 % de la expansión de los servicios durante el primer quinquenio se relaciona con agua potable y el 15 % restante con cloacas". En el mismo sentido, Botarini agregó que "...al no existir cloacas el desborde de los pozos ciegos produce contaminación porque se bombean a zonas externas pluviales, cuando existen. En definitiva, provocan una contaminación en la superficie, que es la que debemos eliminar a través de las cloacas...".- 24) Con relación a las eventuales medidas mitigantes que podrían adoptarse para que el agua superficial que se importa deje de producir un impacto en las napas, el ingeniero Saltiel, Gerente de Calidad de Servicio del ETOSS, señaló que "...habrá que hacer modificaciones probablemente en el contrato de concesión y tomar algunas otras decisiones para tratar el agua de pozo, lo cual es sumamente caro. Esto es más caro que traer agua del Río de la Plata, para lo cual ya está construida toda la infraestructura".-Es así que con la renegociación del Contrato de Concesión impulsada a través del decreto 149/97 y, finalmente, dispuesta con el decreto 1167/97, se incorporó como nuevo tópico del Plan de Mejoras y Expansión del Servicio a las llamadas "zonas de vulnerabilidad sanitaria". Con ese sentido, se estableció un cargo solidario denominado SUMA (Servicio Universal del Medio Ambiente) cuyos fondos están destinados mayormente a la expansión cloacal en la zona del conurbano bonaerense (conf. punto 2. del Acta Acuerdo aprobada por el decreto 1167/97).- 25) Por último, frente al interrogante planteado por el Diputado Caviglia en torno a si Aguas Argentinas cumplió con la realización dentro de los primeros doce meses de la concesión de un estudio sobre el área o puntos del sistema a fin de identificar la deficiencia y proyectar y realizar obras para corregirla, como así también calcular el riesgo de posibles inundaciones a innumerables habitantes a fin de desarrollar e implementar un programa de mejoras que produzca dicha riesgo (conf. punto 4.8.1.1. del Contrato de Concesión, aprobado por el decreto 787/93), el doctor Pedersoli respondió que "...no me consta que desde el Ente que yo integro se haya exigido a la empresa este tipo de estudios, siendo muy posible que una camine el andarivel del incumplimiento de funcionario público si no los exige...". Sobre esta cuestión, el concesionario debía extender el sistema de desagües cloacales de tal forma que el riesgo por inundaciones medido en términos de número de inmuebles y/o áreas sujetos a inundaciones durante cada año de la Concesión, por causa de desbordes de conductos cloacales se elimine gradualmente dentro de los primeros cinco (5) años de la concesión. Asimismo, continúa disponiendo el punto 4.8.1 del Contrato que "sólo se admitirán sobrecargas en aquellos puntos que no signifiquen un incremento del riesgo de inundación por desbordes de desagües cloacales", responsabilizando al Concesionario por las consecuencias debidas a todos los desbordes de desagües cloacales en el Área Servida.- 26) Esta exigencia -nuevamente según el informe del señor Pedersoli- al igual que las metas relacionadas con la eliminación del servicio de todos los pozos de abastecimiento que no alcanzaban los niveles de calidad exigidos en el Marco Regulatorio (dec. 999/92) y la expansión proporcional del servicio de agua potable y cloacas (ptos. 5 y 6 del Anexo I del PMyES), no ha sido cumplida por Aguas Argentinas, lo que derivó en una multa por 9 millones de pesos aproximadamente que, sin embargo, fue condonada en la etapa de renegociación y dichos fondos destinadas a la mejora del alcantarillado y expansión cloacal de Puerto Madero (ver fs. 142).-Con la renegociación del Contrato de Concesión se eliminó concretamente la obligación del concesionario en relación con los desbordes cloacales y, en reemplazo de los planes originales del concesionario, el decreto 1167/97 estableció el Plan de Saneamiento Integral. Según manifiesta el ingeniero Saltiel, "es un sistema que tiene capturas de agua, un interceptor sobre el Riachuelo y otro sobre el Río de la Plata. Por un lado, la finalidad es capturar todo lo que escurre en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires fuera del sistema cloacal -como consecuencia de la falta de capacidad- y llevarlo al Río de la Plata. Por otro lado, descargar el sistema de cloacas máximas -Primera, Segunda y Tercera- que está al borde del colapso, y por ese caño, que irá siete kilómetros por el Río de la Plata, llevar parte de los efluentes -que hoy generan sobre carga y desbordes por todos lados- al Río de la Plata".-A esta altura -siempre con el grado de certeza exigido en el trámite cautelar- podemos advertir que por una responsabilidad concurrente del Estado Nacional, del ETOSS y de Aguas Argentinas, se comenzó con la importación de agua del Río de la Plata, sin la realización de los estudios de impacto previstos en el contrato inicial y de las obras cloacales que equilibren aquél ingreso y lo desvíen nuevamente al Río de la Plata, por medio de obras que a la fecha es de público y notorio que tampoco se han realizado (vgr. extensión del emisario cloacal sito en el Partido de Berazategui).- 27) Frente a este grave cuadro de distintas irregularidades, resulta útil comenzar recordando que el derecho primario o básico de los consumidores o usuarios es el derecho de acceso al consumo que engloba la libertad de elección, la no discriminación o arbitrariedad y las condiciones de trato equitativo y digno. A partir de allí, y respecto a la relación de consumo operada en forma actual o potencial, el Art. 42 de la Constitución Nacional reconoce los derechos sustanciales a la seguridad -que incluye el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la protección del medio ambiente y la prevención de daños- y a la protección de sus intereses económicos -que incluye la calidad de los servicios públicos, la eficiencia en su prestación, tarifas justas y razonables y la reparación de daños-. Por tanto, si el usuario experimenta un daño a raíz de la defectuosa e irregular prestación se genera una obligación resarcitoria en cabeza del concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado por el insuficiente ejercicio del poder de policía a través de sus órganos competentes, por la omisión causalmente relevante en el advenimiento del menoscabo (confr. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El papel del Estado en la etapa de posprivatización. Los Entes Reguladores", publicado en LL 1998-F, Sec. Doctrina, p. 1172).-En tal sentido, esta Sala sostuvo que en casos como el sub lite resulta imprescindible garantizar el efectivo goce de los derechos personalísimos, como son la vida y la salud del ser humano, reconocidos tanto en nuestra Constitución Nacional como en los tratados internacionales que se incorporaron a ella con igual jerarquía luego de la Reforma del año 1994 (conf. arts. 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y arts. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; entre muchos otros) y, particularmente, en la "relación de consumo" de que da cuenta el Art. 42 de la Ley Fundamental, en la cual la "protección de la salud" es obligación de "las autoridades" preservar, entre ellas, por cierto, del Poder Judicial (conf. "Pasayo, Jacinta Teresa c/ Aguas Argentinas S.A. s/ amparo", expte. n° 1642/01, fallado el 26/4/01).- 28) Tal como se desprende de las constancias de la causa, el problema suscitado con las napas de agua y, principalmente, la dimensión y gravedad de la situación como así también las causas que la han generado, fueron reconocidas y admitidas expresamente no solo por las autoridades del ETOSS en el Informe ofrecido ante los miembros de la Cámara Baja del Congreso Nacional sino también por el resto de los demandados, según resulta de los considerandos del Convenio celebrado el 1° de agosto de 2000 entre la provincia de Buenos Aires y los municipios afectados y aprobado en el Acta Acuerdo del 9 de enero de 2001 suscripta por el citado organismo de control y la empresa Aguas Argentinas SA (ver fs. 131/172 y 177/179, respectivamente).-En efecto, en el citado Convenio se advierte "la grave situación hídrica que presentan los distritos del conurbano bonaerense como consecuencia de la suba de las napas freáticas, producto de causas concurrentes, las que al no producirse la expansión necesaria de los servicios de cloaca, han aumentado el grado de vulnerabilidad sanitaria... correspondiendo acudir a la emergencia con las acciones necesarias que permitan solucionar el problema en el menor plazo posible" (énfasis agregado).-Estas medidas están destinadas a la confección de un proyecto final que comprenda las propuestas de diseño para cada sector a fin de lograr el equilibrio del nivel freático de las zonas afectadas del conurbano bonaerense mediante la extracción del agua subterránea a través de bombas depresoras y su consecuente evacuación por el sistema pluvial. Para ello, entre las principales obras a realizarse, dicho Convenio prevé, en primer lugar, la confección de un diagnóstico del estado de situación del acuífero freático a fin de definir los grados de afectación en los diferentes partidos y posteriormente establecer prioridades para la implementación de los proyectos de depresión. A tales fines, se deberán diseñar baterías de perforaciones para depresión de aguas subterráneas en cada sector indicado en dicho informe diagnóstico, para lo cual, previamente, se deberán confeccionar mapas de isoprofundidad e isofreáticos y verificar el estado de funcionamiento de las redes pluviales para asegurar la correcta evacuación de las aguas extraídas por el bombeo. La realización de dichas tareas y de todas aquellas otras previstas por el Anexo "A" del citado Convenio estarán a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el aporte que resulte necesario para complementar esas tareas de los Municipios firmantes, entre las que se incluye, lógicamente, la Municipalidad de Quilmes (conf. considerandos Primero, Segundo y Tercero).- 29) Cabe destacar que, contrariamente a lo afirmado por Aguas Argentinas, la adopción de estas medidas tampoco afecta la ecuación económica-financiera de la concesión desde que existe una previsión contable para la ejecución de dichas obras según lo establece expresamente la reciente Resolución 15/03 del ETTOS (B.O. del 20/03/03) que aprueba el Plan de Inversiones correspondiente al Plan de Mejoras y Expansión del Servicio en general y al Segundo Plan Quinquenal en particular, como así también las bases y proyecciones del Modelo Económico Financiero. En ese sentido, el Art. 3. inc. k, del Anexo 2, de la citada Resolución dispone que "para atender las zonas de vulnerabilidad sanitaria por ascenso de sus napas se incluirá en la estructura de costos tarifarios de la concesión una previsión de gastos para atender el consumo de energía eléctrica que demande la utilización de bombas depresoras de acuerdo al informe, estudio y cálculo de costos que presente al ETOSS el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires". Al respecto, no puede obviarse el principio de responsabilidad que gobierna al derecho ambiental, luego de la reciente sanción de la ley 25.675, por el cual el generador de los efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, resulta responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición.- 30) Sentado lo expuesto, resulta a todas luces incompatible la conducta ahora asumida por las recurrentes al pretender colocarse en contradicción con una conducta suya anterior, cuando ese comportamiento ha sido deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. Fallos: 311:856, 320:521 y 2233, y sus citas, entre muchos otros).- 31) Frente a las modernas tendencias a nivel internacional en favor de los derechos fundamentales del hombre, como son el derecho a la salud y a un ambiente sano, que han superado notoriamente los agotados principios del derecho decimonónico e iusprivatista del siglo pasado la situación hídrica descripta, es imperativo transformar las concepciones judiciales para brindar tutela a los fenómenos reales de la vida colectiva, típicos de la sociedad moderna, que ponen en escena intereses impersonales y difusos, incuestionablemente dignos de la más enérgica y anticipada protección y, en ese marco, el derecho a vivir en un medio ambiente agradable, viene entendiéndose como una ampliación de la esfera de la personalidad humana: un atributo fundamental de los individuos. Frente a ello, el Derecho Ambiental requiere de una participación activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos. Por lo que el órgano judicial debe desplegar técnicas dirigidas a evitar que el daño temido que prenuncia el riesgo se torne real o, en todo caso, a neutralizar o aminorar en lo posible las consecuencias lesivas que puedan producirse con su advenimiento (conf. SCJBA, "Almada, Hugo c/ Copetro S.A. y otro; Irazu, Margarita c/ Copetro S.A. y otro; Klaus, Juan c/ Copetro S.A. y otro", fallado el 19/5/98).- 32) Ahora bien, analizada y constatada la problemática hídrica existente en el Partido de Quilmes y los perjuicios económicos, edilicios y ambientales que genera, resulta conveniente efectuar algunas consideraciones sobre los efectos que provocaría el cumplimiento de la orden judicial apelada en los términos expuestos por el a quo.-En ese sentido, parece razonable atender a las razones expuestas por los apelantes en cuanto a los efectos dañosos que podría provocar la puesta en funcionamiento indiscriminada de los pozos oportunamente sellados en virtud del Contrato de Concesión, como así también la instalación indeterminada de bombas depresoras, pues la falta de previsión y precisión en los mecanismos y técnicas a aplicarse a fin de superar la grave situación ya descripta, no sólo puede repercutir eventualmente de manera negativa sobre el medio ambiente, sino que, principalmente, obsta al efectivo y rápido cumplimiento de la medida cautelar ordenada y, por ende, no alcanza a satisfacer la pretendida tutela judicial urgente.-Ello así, pues el cumplimiento de la medida cautelar apelada sin la ausencia de los estudios de prefactibilidad necesarios para determinar, entre otras cuestiones, la cantidad, individualización y forma en que deben habilitarse los pozos de explotación, el modo y el lugar donde se deberán vertir los líquidos extraídos de las napas, agravaría la situación actual por el alto nivel de contaminación que posee el agua almacenada.- 33) En tales condiciones, acreditados suficientemente los requisitos del Art. 230 del CPCCN y dentro del marco de la ley 25.675 que confiere facultades suficientes a la autoridad judicial en el ámbito de los procesos ambientales, tanto en la esfera cautelar como en relación a la dirección del proceso, concordantemente con el principio de prevención que debe predominar la materia (conf. arts. 4 y 32 de la citada ley), cabe modificar la medida cautelar dispuesta por el a quo.-En efecto, resulta conveniente ordenar a las demandadas en autos que en el plazo de 60 días adopten las diligencias necesarias a fin de poner en marcha los demorados mecanismos y procedimientos previstos y acordados oportunamente en el Convenio celebrado el 1° de agosto del 2000 entre la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes y que fuera aprobado posteriormente por el ETOSS y la empresa concesionaria Aguas Argentinas S.A. mediante el Acta Acuerdo del 9 de enero del 2001 -cuyas validez no han sido discutidas por los litigantes-; bajo apercibimiento de las sanciones administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder (ver fs. 177/179 y 180/199).-Asimismo, los obligados deberán presentar quincenalmente ante el a quo un informe sobre el avance de tales obras a fin de lograr el efectivo cumplimiento de la medida cautelar dictada.- 34) Por ello, cabe concluir -conforme las reglas de la sana crítica (Art. 386 del CPCCN)- que, más allá de establecer el grado de responsabilidad definitivo que cabría a cada uno de los sujetos demandados, sus comportamientos, por acción u omisión según el caso, han contribuido a generar los efectos dañosos que sufren en la actualidad los habitantes del sur del conurbano bonaerense representados suficientemente por la Asociación actora (conf. Art. 31 de la ley 25.675).-Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 33, segundo párrafo, de la reciente ley 25.675, la resolución que se dicta debe extenderse en sus efectos a todos los involucrados en la cuestión debatida en autos, ya sea en la faz activa o pasiva de la relación jurídica;; es decir, sobre los restantes Partidos del Conurbano Bonaerense afectados y el Estado Nacional, éste último en su carácter de concedente del servicio público de agua potable y red cloacal (Art. 1° del decreto 787/93) y de autoridad de control del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Art.7° de la ley 25.688).-Así es, pues sería vana y absurda una sentencia que amparada en el carácter individual de las acciones y tras comprobar los efectos contaminantes denunciados pretendiera limitar los alcances de su mandato, a la relación jurídico procesal bilateral nacida en cada proceso individual y mandara que los efectos cesaran tan solo ­cual si fuera posible­ para los accionantes mas no para el resto de la comunidad afectada, es obvio que dicha sentencia ha de tener efectos "erga omnes""sería vana y absurda una sentencia que amparada en el carácter individual de las acciones y tras comprobar los efectos contaminantes denunciados pretendiera limitar los alcances de su mandato, a la relación jurídico procesal bilateral nacida en cada proceso individual y mandara que los efectos cesaran tan solo ­cual si fuera posible­ para los accionantes mas no para el resto de la comunidad afectada, es obvio que dicha sentencia ha de tener efectos "erga omnes" (conf. Cám. 1° Apel. Civ. y Com. La Plata, Sala III, "Sagarduy, Alberto", fallado el 15/11/94, publicado en LLBA, 1995­937). De forma tal que, la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos, del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario (conf. Cám. Apel. Azul, "Municipalidad de Tandil c/ T.A. La Estrella SA y otro", fallado el 22/10/96, publicado en ED 171-378).-Por otro lado, tampoco se afecta el derecho de defensa de aquellos que no han sido parte, pues al decidir se ha tenido en cuenta la prueba producida por el demandado que ocupa un puesto igual y suficientemente representativo de aquellos.- 35) Por ello, en razón de las consideraciones que anteceden, propongo al Acuerdo confirmar la decisión apelada de fs. 219/221 en cuanto hace lugar a la pretensión cautelar solicitada, pero modificándola en los términos expuestos en el considerandos 33) y 34) que anteceden.-Así lo voto.- EL DR. SCHIFFRIN DIJO: Que adhiere al voto del Dr. Dugo.- Por ello, en virtud del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:CONFIRMAR la decisión apelada de fs. 219/221 en cuanto hace lugar a la pretensión cautelar solicitada, pero modificándola en los términos expuestos en el considerandos 33) y 34) del voto del doctor Dugo. Se omite el pronunciamiento de costas hasta la oportunidad de sentenciar.-Regístrese, notifíquese y devuélvase.//- Fdo. doctores Sergio Dugo y Leopoldo Schiffrin

30 agosto 2005

FALLO CONTRA EDESUR Y ENRE POR CONTAMINACION

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA SALA II
///La Plata, 8 de julio de 2003.
AUTOS Y VISTOS: Este expte. nº 3801/02 caratulado "Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/ ENRE - EDESUR s/ cese de obra de cableado y traslado de Subestación Transformadora", proveniente del Juzgado Federal nº 2 de esta ciudad.
Y CONSIDERANDO QUE:
EL DR. DUGO DIJO:

1) La Asociación actora promovió una medida autosatisfactiva en representación de los usuarios, consumidores y contribuyentes de la localidad de Ezpeleta, Partido de Quilmes, y solicitó que se ordene al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) suspender las obras de cableado dispuestas por la empresa EDESUR SA en la zona mencionada y disponer el traslado de la Sub-estación "SOBRAL". En tal sentido, señala que en 1978 se construyó en la ciudad de Ezpeleta una planta transformadora de electricidad que con el paso del tiempo produjo innumerables inconvenientes a los habitantes del lugar, no sólo por los fuertes ruidos que la estación provocaba sino, principalmente, por los trastornos en la salud que generaba (náuseas, dolores de cabeza, depresión) que fueron agravándose hasta derivar en patologías cancerígenas y malformaciones que culminaron con la muerte de algunos de los afectados. Sostiene que dichas afecciones se producen por los campos electromagnéticos que genera la planta transformadora. Sin embargo, advierte que ante los reiterados reclamos realizados ante las autoridades respectivas, la empresa EDESUR, mediante una solicitada publicada el 7 de agosto de 1997 en un periódico lugareño, rehusó a esta posibilidad por cuanto manifestó que no se pudo probar que los mencionados campos magnéticos afecten a la salud. Finalmente, efectúa una enumeración de los vecinos afectados por distintas dolencias cancerígenas y psíquicas, las cuales -según lo demuestran con la confección de un plano ilustrativo- aumentan en relación a su cercanía con la Sub-estación SOBRAL (ver fs. 79/122).
2) La causa llega a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución de primera instancia que rechazó la acción interpuesta por la parte actora e impuso las costas a su cargo (ver fs. 123/127).
Para así decidir, el a quo sostuvo la improcedencia de la vía procesal intentada por cuanto en las medidas autosatisfactivas no basta la mera apariencia o posibilidad del derecho alegado sino que requieren de una fuerte probabilidad de las pretensiones del peticionante. En ese sentido, sostiene que la falta de certeza acerca de los efectos negativos de los campos electromagnéticos sobre la salud humana y, por ende, de la actividad desplegada por la planta transformadora Sobral y el cableado dispuesto obsta a la vinculación causal entre las dolencias padecidas por los habitantes de la localidad de Ezpeleta y el supuesto agente contaminador. Todo ello, sin perjuicio del derecho de los actores de canalizar el reclamo de autos a través de un proceso de conocimiento que posibilite un mayor debate y prueba de la cuestión debatida y garantice el derecho de defensa de las partes involucradas.
3) Frente a ello, la parte actora se agravia de la errónea valoración que el a quo efectuó de las pruebas reunidas en la causa a fin de rechazar su pretensión. En ese sentido, señala que "la mera posibilidad que los campos electromagnéticos (CEM) constituyan no sólo una fuente cancerígena, como exclusivamente señala el a quo, sino también provocadores de otras afecciones (disminución de la melatonina, depresión, etc.) y que todas estas afecciones se observen como más frecuencia en las personas que mayor cercanía tienen con la subestación, es un fuerte probabilidad de que estas sean consecuencia de la exposición a los CEM ... La simple duda de que una determinada situación pueda generar un problema en la salud de miles de personas, es mérito suficiente para, cuanto menos, detener la fuente generadora de ese daño." Al respecto, aduce que se ha omitido el tratamiento de la cuestión relacionada con la suspensión del cableado en la zona de la subestación o, al menos, disponer que se adopten las medidas de seguridad mínimas tendientes a evitar que este tendido eléctrico contribuya a la contaminación por electropolución.
4) Teniendo en cuenta la cuestión debatida en autos y la índole de los derechos constitucionales en pugna, el Tribunal dispuso, en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 25.675 (art. 32), otorgar a la causa trámite sumarísimo. Asimismo, atento que el recurso que abrió la competencia funcional de esta Alzada se sustenta en el pedido de una medida cautelar innovativa, también se estimó conveniente bilateralizar la pretensión cautelar en curso a los efectos de garantizar la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 36, inc. 4, apartado a), del CPCCN) y, en consecuencia, se confirió traslado de la pretensión actora a la empresa EDESUR S.A. y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad -ENRE- (ver fs. 137).

5) Así el Ente regulador sostiene que sus funciones de control se limitan a verificar el cumplimiento de las pautas brindadas en la Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía de la Nación que establece las reglas que deben seguir los transformadores y distribuidores de energía eléctrica, con lo cual -a su entender- es el citado organismo de gobierno el responsable por los niveles electromagnéticos permitidos.
De modo tal que, en el marco de la auditoría realizada a instancias del organismo de control sobre las condiciones de seguridad pública y ambiental del funcionamiento de la SE Sobral, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos (ITREE) -dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNLP- efectuó en el mes de abril de 1999 distintas mediciones a frecuencia industrial de los niveles de los campos electromagnéticos que genera dicha planta transformadora de electricidad, cuyos valores detectados no superaban los permitidos por la norma regulatoria.
6) Por su parte, EDESUR opone la excepción de falta de personería y defecto legal en razón de la aparente falta de poder o representación invocada por los actores.
Subsidiariamente, aduce que no existe relación causal entre su actividad prestadora de servicios eléctricos y los daños denunciados en autos. En tal sentido, señala que la empresa mantiene actualmente la potencia originaria que la subestación Sobral sustentó desde que fuera puesta en marcha por SEGBA en el año 1982. Agrega que, además de haber sido aprobadas las instalaciones de la planta por las autoridades competentes tanto nacionales como municipales, las mediciones realizadas entre los años 1998 y 2002 por EDESUR y el ENRE, con la cooperación de la Universidad Nacional de La Plata, cumplen con la normativa nacional específica (Resol. 77/98 de la S.E.) y con los valores de guía internacionales fijados por la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes) reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. De manera tal que, la actividad desplegada por la empresa demandada se ajusta cabalmente a la normativa específica aplicable (leyes 14.772 y 15.336 -art. 37-; decreto 714/92 y Resolución S.E. 77/98 -4.5.1-).
Continua diciendo que los efectos nocivos de los campos electromagnéticos sobre los seres humanos no están acreditados en autos, respecto de los cuales, además, existen diversos estudios e investigaciones científicas a nivel internacional que demuestran la escasa probabilidad de certeza de estas presunciones.
En cuanto a la eventual adopción de las medidas solicitadas por los accionantes -cese de la utilización de las líneas como transmisoras de la electricidad y retiro de la subestación Sobral y cableados existentes-, señala que podría afectarse gravemente el Sistema Interconectado Nacional y, con ello, el interés público y el bienestar general de los demás usuarios del servicio eléctrico. En ese sentido, explica que para un eficiente transporte y distribución de la electricidad se elevan las tensiones (voltaje) a 500 kv y una vez que llega a la zona donde será destinada al consumo, el flujo de energía se distribuye, reduciéndose la tensión en escalones sucesivos por medio de estaciones transformadoras hasta llegar al nivel de baja tensión (220.000, 132.000, 33.000, 13.200 y, finalmente, 220 voltios). Frente a ello, la solución técnica para atender la creciente demanda de energía a medida de la concentración poblacional, es instalar las estaciones y centros de transformación lo más cerca posible del consumo.Por último, solicita se cite en carácter de tercero interesado al Estado Nacional, Secretaría de Energía de la Nación.
7) Previo al tratamiento del recurso de apelación interpuesto, corresponde referirse a la falta de personería invocada y defecto legal.
Al respecto, no cabe más que rechazarla por improcedente pues de la documental agregada a la causa surge clara y manifiestamente que los señores Julio V. Sobrino y Reinaldo Enriquez son Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asociación actora y, por tanto, detentan la representación necesaria para promover la presente acción (ver fs. 2/16 y 20).
Por otra parte, dicho sea de paso, la legitimación procesal de la actora a esta altura de la evolución del derecho ambiental de la República Argentina es incuestionable.
En efecto, en materia de legitimación activa la jurisprudencia argentina ya sostenía antes de la reforma constitucional de 1994 que "en el campo de los ‘intereses difusos’ es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa la víctima respecto de la cual el derecho objetivo tiene necesariamente que acordar un esquema de protección dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto" (CNCivil, Sala K, "Cartañá, Antonio y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", fallo del 28/2/91). "Será menester dejar de lado -destacó un señero fallo de este Tribunal votado por el distinguido colega de Sala, doctor Schiffrin- el concepto iusprivatista individualista del daño resarcible dejando paso a una ‘tendencia nueva pública, colectiva de tipo preventiva y represiva’, donde se busque no tanto la reparación personal del lesionado, sino la paralización de los efectos dañosos. Uno de los medios para resolver la cuestión está en la dilatación de la legitimación de las personas afectadas para consagrar una expansividad horizontal, con fundamento en la protección de intereses legítimos o humanos que envuelven a una colmena de perjudicados" (CFed. La Plata, Sala III, "Giménez Domingo y otra c/ Estado Nacional, Ejército Argentino", fallo del 8/8/88).
Desde el año 1994 con la incorporación en la Constitución Nacional de los derechos humanos de tercera generación o de incidencia colectiva se establece, lisa y llanamente, que "en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente" podrán interponer acción de amparo "el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización" (art. 43 C.N.).
Por otro lado, la reciente ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, concordantemente con el texto constitucional, otorga legitimación a este tipo de asociaciones no gubernamentales para obtener la recomposición del ambiente (art. 30).
En el caso particular de las asociaciones, la jurisprudencia nacional y, en especial, la doctrina sentada por el Alto Tribunal, ha reconocido esa legitimación con el sólo cumplimiento de los requisitos enunciados en la norma constitucional y sin la necesidad de una ley específica -que aún no ha sido dictada por el Congreso Nacional- que establezca los requisitos y formas de su organización (conf. doctrina de Fallos: 320:690 y 323:1339). Esta legitimación se funda no sólo en el interés difuso que se cumpla la Constitución y las leyes, sino en su carácter de titulares de un derecho de incidencia colectiva, en este caso la protección a la salud, además del que les asiste para accionar por el cumplimiento de las finalidades por las que han sido creadas (Fallos: 320:690; 323:1339 y "Mignone, Emilio", fallo del 9/4/02, publicado en "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", suplemento JA 1, del 3 de julio 2002) 2002-III. En el sub examine, por lo demás, la Asociación actora ha sido reconocida legalmente e inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores mediante la Disposición 576/01 de la Dirección Nacional de Comercio Interior (ver fs. 19).
8) Sentado lo expuesto, corresponde examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, para lo cual deberá apreciarse si se encuentran reunidos los recaudos de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora (conf. art. 230 del CPCCN).
Comencemos precisando la plataforma fáctica en la que se desarrolla la contienda, como también de las características y propiedades de los denominados "campos electromagnéticos" para determinar si éstos pueden constituir, o no, la causa de las afecciones cancerígenas -entre otras- que denuncian padecer los habitantes de la localidad de Ezpeleta que residen próximo a la subestación Sobral.
9) Dicha subestación se encuentra ubicada en la intersección de las calles Padre Bruzzone y Río Salado de la localidad de Ezpeleta, Partido de Quilmes. Se trata de una planta transformadora de media tensión a baja tensión, o sea, recibe 132 kv y distribuye 220 voltios, que junto a las plantas de Dock Sud y Don Bosco integran la red de distribución de energía eléctrica que abastece los municipios de Avellaneda y Quilmes (ver fs. 2/35 del 12.345/02 que corre agregado por cuerda).
La sobrealimentación de la subestación Sobral y la actividad desarrollada por la planta fue objeto de reiterados y cuantiosos reclamos efectuados ante el organismo nacional regulador y la empresa concesionaria por grupos vecinales y entidades de bien público. En dichas presentaciones se pretendió el cese del cableado y el traslado de la mencionada planta transformadora a un lugar alejado de la zona urbana en virtud del impacto ambiental negativo sobre la calidad de vida de los habitantes del lugar, ya sea por los intensos ruidos que produce o por los efectos nocivos de los campos electromagnéticos y su influencia en la salud. Al respecto, ponen en evidencia, al igual que lo hace la Asociación actora en autos, el sufrimiento por parte de los residentes próximos a la subestación de numerosas dolencias cancerígenas, las cuales -a su entender- guardan estrecha relación causal con la continua exposición a los campos electromagnéticos que produce aquella (ver fs. 21/78 y 315/317 y fs. 49/54, 12.345/02 del°59/69, 78/91, 104/119 y 121/164 del expte. adm. n ENRE).
Parece claro entonces que la Asociación actora, más allá de la legitimación procesal que reviste en autos en virtud de lo indicado en el punto 7) que antecede, no hizo más que continuar anteriores reclamos vecinales y concretarlos en sede judicial a fin de obtener una respuesta favorable y eficaz a los problemas motivados por la actividad de la subestación Sobral que los afecta de manera grave y urgente.

10) Dichos reclamos fueron reflejados por los medios periodísticos de la región y canalizados por distintos órganos oficiales, tales como la Dirección de Evaluación Ambiental del la Municipalidad de Quilmes, el Defensor del Pueblo Adjunto de Quilmes y por el Congreso Nacional 6273/99 del ENRE; fs. 168/183, 200/291,°(ver fs. 21/45 del expte. adm. n 12.345/02 del ENRE) 293/302 y 316/352 del expte. adm. Precisamente, por iniciativa de los Diputados Alicia Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, Lucrecia Monteagudo y Marcela Bordenave, se presentaron con fecha 30 de julio de 2002 en la Cámara Baja del Congreso de la Nación sendos proyectos de Declaración y de Ley en los que se pone de manifiesto la situación generada por las obras de cableado en la subestación Sobral y el impacto ambiental que producen. En particular, el proyecto de ley prevé la prohibición del tendido aéreo, para transporte y/o distribución de energía, de líneas de media y alta tensión en zonas habitadas, suburbanas y/o urbanas; en tales casos, la traza deberá ser subterránea, a más de dos metros del nivel del suelo y distante en más de 50 metros de cualquier vivienda, debiendo las empresas prestadoras del servicio eléctrico adecuar las instalaciones ya existentes (ver fs. 322 del expte. adm. 12.345/02 del ENRE).
11) Ahora bien, conforme surge de la información oficial de la Organización Mundial de la Salud y del Proyecto Internacional CEM (campos electromagnéticos), que es el programa establecido por aquella organización -en adelante OMS- en el año 1996 dirigido a temas de salud asociado con la exposición a campos electromagnéticos (www.who.int y www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es), dichos campos reconocen tanto fuentes naturales (tormentas, campo magnético terrestre, etc) como fuentes generadas por el hombre (rayos X, ondas de frecuencia de radio, de televisión, antenas de teléfonos móviles, microondas y, en lo que al caso importa, conductos de electricidad). Dichos campos generados por el hombre constituyen una parte fundamental de las sociedades industriales y están en el extremo del espectro electromagnético correspondiente a longitudes de onda relativamente largas (distancia entre una onda y otra) y frecuencias bajas (número de oscilaciones o ciclos por segundo). Las redes de distribución eléctrica y los aparatos eléctricos son las fuentes más comunes de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja del entorno cotidiano.
Mientras que los campos eléctricos se generan en presencia de una carga eléctrica, esté o no en funcionamiento el aparato eléctrico que la produce, los campos magnéticos se originan por la corriente eléctrica, es decir que requieren necesariamente el movimiento de cargas eléctricas y el flujo de corriente; por lo que, cuanto mayor es la intensidad de la corriente, mayor resulta la intensidad del campo magnético.
Asimismo, los campos electromagnéticos son mas intensos cuanto menor es la distancia a la carga o conductor cargado que los genera y su intensidad disminuye rápidamente al aumentar la distancia desde la fuente. Es por eso que cuando las líneas de conducción eléctrica, cuya transmisión y distribución se realiza a tensión alta, están enterrados en el suelo, los campos que genera casi no pueden detectarse en la superficie. Por otro lado, si bien la mayoría de los materiales de construcción protegen en cierta medida de los campos eléctricos, no ocurre lo mismo con los campos magnéticos, ya que este tipo de materiales (v.gr. paredes de edificios) no bloquean ni atenúan los efectos propios de estos campos.
Los campos electromagnéticos inducen corrientes en el organismo que, dependiendo de su intensidad y frecuencia, pueden producir diversos efectos como calentamiento y sacudidas eléctricas. En particular, la intensidad de las corrientes circulantes que inducen en el organismo los campos magnéticos de frecuencia baja depende de la intensidad del campo magnético exterior, el cual si es suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular los nervios o músculos o afectar a otros procesos biológicos.
12) Si bien las corrientes electromagnéticas inducidas por las líneas de transmisión de electricidad de alta tensión son, en principio, muy pequeñas comparadas con los umbrales para la producción de sacudidas eléctricas u otros efectos eléctricos, se están efectuando activamente nuevas investigaciones frente a la posibilidad de que existan efectos nocivos sobre la salud por la exposición a largo plazo a niveles inferiores a los límites permitidos.
En efecto, la Hoja Informativa CEM, publicada en el mes de octubre del 2001, da cuenta de una reciente investigación llevada a cabo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -una agencia de la OMS especializada en la investigación de esa enfermedad- que concluyó el primer paso sobre el proceso de evaluación del riesgo a la salud de los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, clasificando dichos campos con respecto a la fuerza de la evidencia como que podrían causar cáncer en humanos. En ese sentido, han sido clasificados como posiblemente carcinogénicos a los seres humanos, lo cual denota un agente para el cual hay limitada evidencias de carcinogenicidad en humanos considerada como creíbles pero que por otras explicaciones no pueden ser excluidas.
Tales conclusiones ratifican y actualizan los hallazgos de recientes revisiones sobre los efectos en la salud de los campos eléctricos y magnéticos estáticos de frecuencia extremadamente baja conducidos durante el año 2001 por la IARC, por el Consejo de Salud de los Países Bajos y por un experto Grupo de Consejeros del Consejo Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido. Precisamente, este último organismo concluyó que "mientras la evidencia no es actualmente suficiente para justificar una firme conclusión de que los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja causan leucemia en los niños, se mantiene la posibilidad de que las exposiciones intensas y prolongadas a los campos magnéticos puedan aumentar el riesgo de la leucemia en niños".
Cabe destacar que, lógicamente, estos ensayos científicos son posteriores a las recomendaciones internacionales desarrolladas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) y que fueron adoptadas por nuestra legislación local -vgr. la Resolución 77/98 de la SE- para los límites de exposición aguda y a corto plazo de todos los campos electromagnéticos a fin de prevenir los posibles efectos en la salud.
13) En conclusión, valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCCN) las constancias de la causa y los informes oficiales de los organismos internacionales especializados a los que se hizo referencia -cuya reputación y calidad científica son públicamente reconocidas-, resulta probado, con el grado de certeza requerido en esta etapa procesal, los daños en el medio ambiente y, principalmente, en la salud y calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Ezpeleta, Partido de Quilmes, generados por la exposición continua y prolongada a los campos electromagnéticos que produce la subestación Sobral y el cableado de alta tensión dispuesto, con un grado de peligro tal que reclama una urgente solución (conf. art. 230 del CPCCN).
En efecto, conforme surge del plano de la zona en que se ubica la mencionada planta transformadora y de los certificados médicos acompañados en autos, se observa que una importante porción de los vecinos que habitan sobre las calles aledañas con la subestación Sobral (Río Colorado, Río Salado, Cuenca, Brown, Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, Salta, Padre Bruzzone, La Guarda, Río Gallegos) padecen -entre otras dolencias- de cáncer de cólon, cáncer de mama, leucemia linfoblástica aguda -en este caso se trata de una menor de 16 años-, variadas afecciones psíquicas e hipertensivas, las cuales han provocado, en algunos casos, la muerte de los afectados (ver fs. 21 y 22/78, respectivamente).
14) Ahora bien, para establecer el grado de responsabilidades y soluciones, cabe liminarmente recordar que el derecho ambiental en nuestro ordenamiento jurídico nacional se encuentra regulado, principalmente, por la Constitución Nacional que a partir de su reforma en el año 1994 incluyó a través del art. 41 el derecho de todos los habitantes de la Nación a "gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Asimismo, dispone que "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer".
La nueva norma incorpora el concepto consagrado en textos constitucionales del derecho comparado y distintas convenciones internacionales de "desarrollo sostenible", entendiéndose por tal un modelo de crecimiento "que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades", cuya definición en estos términos fue hecha en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -conocido como Informe Brundtland-, Alianza Editorial, Madrid 1987, p. 460. Este Informe llevó a las Naciones Unidas a convocar a una Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (la llamada "Cumbre de la Tierra"), que se celebró en Río de Janeiro en el mes de junio de 1992 con la participación de 173 Estados.
15) Bajo tales lineamientos y, de conformidad con lo ordenado en el 3 mencionada, ha sido dictada recientemente la ley 25.675 destinada a regular los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art. 1). En ese sentido, define al daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (art. 27).
Dicha ley de Política Ambiental Nacional, al fijar los presupuestos mínimos establecidos en el art. 41 de la Constitución Nacional, ha introducido decisivas novedades en el campo del derecho procesal, pero excepcionalmente para ser aplicadas en todo el territorio nacional. Sin duda, se trata de normas procesales que también se han considerado presupuestos mínimos. Sucede que el legislador nacional puede detraer excepcionalmente materias propias del derecho común o local y establecer sobre ellas la jurisdicción federal, con el propósito de asegurar la eficacia de la legislación federal (Fallos 292:534; 283:31 y sus citas; 296:343: 307:1457, entre muchos otros).
Sus artículos 30 a 33 establecen un amplio campo para la legitimación sustancial activa, recogiendo la profícua labor jurisprudencial en la materia y las bases ya establecidas en el propio art. 43 de la Constitución Nacional. Así habilita indistintamente a los afectados; al particular damnificado; el Estado nacional, provincial y municipal; a las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental; y al Defensor del Pueblo.
Prevé específicamente la acción de amparo como vía sumarísma para la cesación de actividades de daño ambiental colectivo.
Establece, asimismo, la responsabilidad colectiva solidaria, ya que "cuando hubiere varios causantes o si no fuere posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad". Respecto de la exención de responsabilidad, sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quién no deba responder.
Se pretende, decisivamente, modificar el perfil del juez de la legislación procesal civil. Aparece un juez casi inquisitivo, con mayores poderes y deberes; así con facultad para "disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general". Se regla que, de oficio, sin petición alguna de parte, en cualquier estado del proceso, disponga con carácter de medida preparatoria, medidas de urgencia, sin audiencia de la parte contraria.
16) Por otro lado, resulta útil recordar que el derecho primario o básico de los consumidores o usuarios es el derecho de acceso al consumo que engloba la libertad de elección, la no discriminación o arbitrariedad y las condiciones de trato equitativo y digno. A partir de allí, y respecto a la relación de consumo operada en forma actual o potencial, el art. 42 de la Constitución Nacional reconoce los derechos sustanciales a la seguridad -que incluye el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la protección del medio ambiente y la prevención de daños- y a la protección de sus intereses económicos -que incluye la calidad de los servicios públicos, la eficiencia en su prestación, tarifas justas y razonables y la reparación de daños-. Por tanto, si el usuario experimenta un daño a raíz de la defectuosa e irregular prestación se genera una obligación resarcitoria en cabeza del concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado por el insuficiente ejercicio del poder de policía a través de sus órganos competentes, por la omisión causalmente relevante en el advenimiento del menoscabo (confr. Isidoro H. Goldenberg y Néstor A. Cafferatta, "El papel del Estado en la etapa de posprivatización. Los Entes Reguladores", publicado en LL 1998-F, Sec. Doctrina, p. 1172).
En tal sentido, esta Sala sostuvo que en casos como el sub lite resulta imprescindible garantizar el efectivo goce de los derechos personalísimos, como son la vida y la salud del ser humano, reconocidos tanto en nuestra Constitución Nacional como en los tratados internacionales que se incorporaron a ella con igual jerarquía luego de la Reforma del año 1994 (conf. arts. 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y arts. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; entre muchos otros) y, particularmente, en la "relación de consumo" de que da cuenta el art. 42 de la Ley Fundamental, en la cual la "protección de la salud" es obligación de "las autoridades" preservar, entre ellas, por cierto, del Poder Judicial (conf. "Pasayo, Jacinta Teresa c/ Aguas Argentinas S.A. s/ amparo", 1642/01, fallado el 26/4/01). En concordancia con estos criterios protectorios, la ley 24.065 que establece el Régimen de la Energía Eléctrica prevé que "los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, además de cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente estatal emita a tal efecto" (art. 16). De la misma forma, la función de contralor del ente regulador estatal no se limita sólo a controlar el cumplimiento de los niveles de electropolución admitidos legalmente sino también debe "velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida que no obste la aplicación de normas específicas" (art. 56, inc. k).
18) En tales condiciones, la exposición a campos electromagnéticos aún a niveles inferiores a los permitidos legalmente, no es óbice para eximir de responsabilidad a la empresa prestataria del servicio eléctrico por los daños en la salud que puedan sufrir, en este caso, los habitantes de Ezpeleta, ni tampoco para deslindar la responsabilidad del ENRE por el poder de policía ejercido defectuosamente.
Así es que, con base en el art. 2618 del Código Civil, la jurisprudencia ha resuelto que "la autorización o habilitación municipal para el ejercicio de actividades que puedan producir efectos nocivos, resulta irrelevante conforme lo dispone expresamente el art. 2618 del C.C., pues la autorización administrativa dictada de conformidad con las reglamentaciones existentes, nacidas del ejercicio del poder de policía, nunca pueden tener por consecuencia pronunciar un "bill de indemnidad" en favor del que se ajustó a esas prescripciones; ello explica la salvedad del citado artículo cuando reza "aunque mediare autorización administrativa" (confr. Cám. Civ. y Com. Morón, Sala 2da, "Vinci, J. c/ Schwartz, Santiago y Cía SRL y otro", publicado en LLPBA, 1995- 229). Asimismo, en similar sentido, se expresó que "aunque estemos en el uso regular de la propiedad y tal uso no sólo sea lícito sino que cuente con expresa habilitación municipal no deja de ser una intolerable molestia, la autoridad administrativa concede la autorización siempre que estén cubiertas las condiciones generales contenidas en los reglamentos, pero no se puede atender por anticipado a las molestias de las actividades permitidas" (confr. Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala 2da, "Giner, Néstor c/ Deporcenter SA", 16/7/1996, publicado en LLPBA, 1997-843).
Por último, la Cámara Federal de San Martín en oportunidad de pronunciarse sobre una cuestión relacionada con el vertido de sustancias tóxicas, aún con anterioridad a la vigencia de la ley 24.051 y a la Reforma Constitucional de 1994 que significó la incorporación de los derechos del consumidor y a gozar de un ambiente sano, entre otros, sostuvo que "aún cuando en el plexo de normas administrativas se contemple la posibilidad de dichos vertidos, ello no implica autorización o disculpa para cometer un delito, pues no se está reprochando el vertido de residuos en general y al mismo tiempo previstos en dicha normativa emanada del Poder Ejecutivo, sino el arrojar sustancias aptas para propagar una enfermedad contagiosa y peligrosa para la salud, lo cual no puede ser permitido (causal de justificación) ni dispensado (causal de inculpabilidad) por una disposición jurídica de rango inferior" (conf. C. Federal San Martín, Sala I, Causa "Averigüación contaminación Río Reconquista", resolución del 26/8/92, publicada en JA 1993-I-199).
19) A esta altura -siempre con el grado de certeza exigido en el trámite cautelar y más allá de establecer el grado de responsabilidad definitivo que cabría a cada uno de los sujetos demandados- podemos advertir que sus comportamientos, por acción u omisión según el caso, suscita que los habitantes de la ciudad de Ezpeleta que residen en las proximidades de la subestación Sobral estén siendo sometidos a una constante exposición a los campos electromagnéticos que genera dicha planta y el cableado de alta tensión dispuesto, aún cuando los niveles registrados sean inferiores a los permitidos legalmente, pues prima facie resultan suficientes para poner en peligro la salud y la calidad de vida de las personas (conf. arts. 29 y 31 de la ley 25.675).
En efecto, si bien las investigaciones realizadas hasta el momento han indicado que las exposiciones a niveles inferiores a los límites recomendados en las directrices sobre campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja de la INCIRP (1998) no producen, en principio, ningún efecto perjudicial para la salud, existe en la actualidad incertidumbre en el conocimiento científico respecto de los efectos en la salud cuando la exposición aún a estos niveles resulta prolongada en el tiempo, lo cual es objeto de modernas y continuas evaluaciones cuyos resultados no estarán disponibles, según lo advierte la propia Organización Mundial de la Salud, hasta dentro de unos años. Por tanto, esta falta de certeza respecto en una cuestión de la que, además ya existen indicios importantes sobre sus efectos negativos -según lo expuesto en el considerando 12) que antecede-, no puede obstar a la adopción de medidas preventivas.
20) Es indudable que frente a las modernas tendencias a nivel internacional en favor de los derechos fundamentales del hombre, como son el derecho a la salud y a un ambiente sano, que han superado notoriamente los agotados principios del derecho decimonónico e iusprivatista del siglo pasado, es imperativo transformar las concepciones judiciales para brindar tutela a los fenómenos reales de la vida colectiva, típicos de la sociedad moderna, que ponen en escena intereses impersonales y difusos, incuestionablemente dignos de la más enérgica y anticipada protección y, en ese marco, el derecho a vivir en un medio ambiente agradable, viene entendiéndose como una ampliación de la esfera de la personalidad humana: un atributo fundamental de los individuos. Frente a ello, el Derecho Ambiental requiere de una participación activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos. Por lo que el órgano judicial debe desplegar técnicas dirigidas a evitar que el daño temido que prenuncia el riesgo se torne real o, en todo caso, a neutralizar o aminorar en lo posible las consecuencias lesivas que puedan producirse con su advenimiento (conf. SCJBA, "Almada, Hugo c/ Copetro S.A. y otro; Irazu, Margarita c/ Copetro S.A. y otro; Klaus, Juan c/ Copetro S.A. y otro", fallado el 19/5/98).

21) Por tanto, tal , apartado tercero, de la ley 25.675, la falta decerteza científica no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente cuando haya peligro de un daño grave o irreversible.
Dicha norma recoge el añejo "principio de precaución" consagrado en numerosos documentos internacionales de derecho ambiental (art. 3, inc. 3, del Convenio de Cambio Climático; Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992; artículo 130 R- 2 del Tratado de Mastricht de la Unión Europea; ley 95-101 del 2/2/95, Refuerzo de la Protección del Medio Ambiente de Francia). El precepto reclama medidas de inmediato, de urgencia, aún cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, a fin de impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos plenamente, lo que presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que cualquier acción temprana intempestiva.
La jurisprudencia internacional registra valiosos antecedentes sobre la aplicación de este principio a cuestiones ambientales. En Francia se destacan dos resoluciones del Consejo de Estado, dictadas en los casos "Greenpeace et autres" y "Societe Pro- Nat", del 11/12/98 y del 24/2/99, respectivamente, relacionados con maíces transgénicos y la prohibición de comercializar carne vacuna por riesgo de transmisión de la enfermedad EEB (Encelopatía Espongiforme Bovina o mal de la vaca loca). También en este caso existe un fallo del Tribunal de Justicia de las C.E.E, del 5/5/98, in re "National Farmers Union". Por último, los tribunales norteamericanos han resuelto que "las cuestiones que envuelven al ambiente están particularmente inclinadas por su natural tendencia a la incertidumbre. El hombre de la era tecnológica ha alterado su mundo en direcciones nunca antes experimentadas o anticipadas. Los efectos en la salud de tales alteraciones son generalmente desconocidos y algunas veces imposibles de conocer. Esperar certidumbre normalmente nos habilitará solamente a reaccionar y no para una regulación preventiva" ("Ethyl Corp. v. EPA", 541 F. 2d. 1 D.C. Cir. 1976; citado por Isidoro Goldenberg y Néstor Cafferatta, "El principio de precaución", JA 2002-IV).
22) Ahora bien, analizada y constatada la situación que ocasiona el funcionamiento de la subestación transformadora Sobral ubicada en la ciudad de Ezpeleta y los perjuicios ambientales, en la salud y en la calidad de vida que genera a los residentes del lugar, tampoco debe obviarse a los fines de disponer una medida cautelar los efectos que -según las razones expuestas por EDESUR a fs. 497/495 vta.- podría provocar en la actualidad el traslado de dicha planta en virtud de los perjuicios que, en principio, provocaría sobre la eficiente prestación del servicio eléctrico que beneficia no sólo a las personas representadas por la Asociación actora sino también al resto de los consumidores que, en cierta medida, escapan a la problemática planteada en autos, y a quienes, en tanto terceros y también usuarios, no cabe perjudicar.
23) En tales condiciones, acreditados suficientemente los requisitos del art. 230 del CPCCN y dentro del marco de la ley 25.675 que confiere facultades suficientes a la autoridad judicial en el ámbito de los procesos ambientales, tanto en la esfera cautelar como en relación a la dirección del proceso, concordemente con el principio de prevención que gobierna la materia (conf. arts. 4 y 32 de la citada ley), cabe hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada. En consecuencia, corresponde ordenar a la empresa EDESUR y al ENRE que adopten las medidas necesarias a fin de suspender las obras de cableado destinadas a la sobrealimentación de la Subestación Sobral ubicada en Ezpeleta, Partido de Quilmes, en el caso que éstas aún persistan.
Asimismo, los demandados -en su calidad de prestador y ente controlador del servicio público en cuestión, respectivamente- deberán presentar un informe en el plazo de 15 días a fin de indicar las medidas que deberán poner en práctica para proteger a los residentes de Ezpeleta de los efectos potencialmente nocivos de los cables de alta tensión y de la subestación transformadora en cuestión. Todo lo cual, obviamente, con la participación de la parte actora y la decisión del juez de primera instancia en la concreta efectivización posterior de la cautela dispuesta.
24) Por ello, en razón de las consideraciones que anteceden, propongo al Acuerdo revocar la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar solicitada con el alcance expuesto en el considerando 23) que antecede. Se omite el pronunciamiento de costas hasta la oportunidad de sentenciar.
Así lo voto.
EL DR. SCHIFFRIN DIJO:
Que adhiere al voto del Dr. Dugo.-
Por ello, en virtud del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
REVOCAR la resolución apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la medida cautelar solicitada con el alcance expuesto en el considerando 23) del voto del doctor Dugo. Se omite el pronunciamiento de costas hasta la oportunidad de sentenciar. Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo. doctores Sergio Dugo y Leopoldo Schiffrin. Jueces de Cámara.